Autos con cámaras de la Intendencia empezarán a multar desde el lunes

Controlarán las nuevas zonas de estacionamiento tarifado y a quienes estacionen de forma indebida. Parte de las multas irá para STM.

En setiembre empezaron a circular por Montevideo tres autos con cámaras externas, como parte de un plan piloto de fiscalización de la Intendencia.

Según informó la Intendencia en un comunicado, también se controlará el estacionamiento en carriles “Solo Bus” en avenidas ya señalizadas, Agraciada y 8 de Octubre.

Para aplicar la multa, el auto fiscalizador tomará una foto de la infracción, la enviará al Centro de Gestión de Movilidad y allí, un inspector evaluará si corresponde o no la sanción. En caso de confirmarse, se enviará la notificación mediante el correo para quienes tienen el vehículo empadronado en Montevideo, y a través del Diario Oficial en caso de vehículos empadronados en el interior del país.

El dinero recaudado con estas multas, será destinado a la mejora del sistema de transporte colectivo y a beneficios para usuarios frecuentes. Al finalizar cada mes, la recaudación obtenida por cambios al estacionamiento tarifado se dividirá entre estos pasajeros. Se trata de quienes compran al menos 40 viajes mensuales con la tarjeta STM, tendrán cada mes una devolución de dinero. El monto variará según la cantidad de boletos adquiridos, y la cifra recaudada por multas. El dinero será acreditado en la tarjeta STM.

Visita nuestras redes sociales

¿Por qué viven en guerra los gremios médicos?

Acusaciones de malversación de fondos, sueldos ocultos y tarjetas corporativas secretas. Los gremios médicos protagonizan estos días una nueva batalla en varios frentes que, una vez más, afecta a los pacientes. Pero en el fondo se libra una vieja guerra que lleva décadas sin resolverse.

En lo que va del año hubo 192 horas de paro convocadas por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). Pero los reclamos, lejos de ser nuevos, están sobre la mesa desde 2015, luego de que el Poder Ejecutivo resolviera por decreto que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sea el único representante de los profesionales en los Consejos de Salarios, ya que es el gremio que tiene más médicos afiliados. Entonces los cirujanos empezaron a reivindicar que se sentían desplazados de la negociación y las horas de paro comenzaron a acumularse. En el medio, miles de cirugías programadas y consultas en policlínica se postergaron. Los pacientes, como siempre, fueron los más perjudicados.

Las relaciones entre los médicos clínicos y los quirúrgicos son tensas desde la década de 1990. Las sociedades científicas de cirugía se agruparon en 1992 porque entendían que sus reclamos eran muy distintos a los de los demás colegas, aunque se mantuvieron afiliadas al SMU. El gremio mayoritario las consultaba cada vez que un tema relacionado con el bisturí se colaba en la agenda y así se lograba la paz. Pero esas charlas, según integrantes del SAQ, comenzaron a mermar cuando el Frente Amplio alcanzó el gobierno y muchos médicos —incluido el presidente Tabaré Vázquez— ocuparon cargos públicos. Entonces se desató la guerra.

Al menos 500 cirujanos se desafiliaron de forma masiva del SMU en 2012, luego de que el gremio acordara con el gobierno una reestructura laboral en varias especialidades. Las sociedades científicas formaron su propio sindicato y pretendieron que el Ministerio de Trabajo las tuviera en cuenta durante las negociaciones, pero eso nunca ocurrió. Desde entonces realizan paros de forma casi sistemática reclamando que se forme un subgrupo dentro del Consejo de Salarios que las contemple y el Poder Ejecutivo se niega. El último rechazo fue en una reunión esta semana, luego de un paro de 72 horas convocado por el SAQ.

Los cirujanos dicen que tanta conflictividad se desprende de la falta de representatividad. En el SMU afirman que es por plata, ya que el gremio anestésico quirúrgico no está de acuerdo con laudar el acto médico o con los cargos de alta dedicación. Estos puestos implican un sueldo fijo por ocho horas de trabajo, pero no contemplan el pago por el acto médico, una variable que genera una gran diferencia en los salarios de los profesionales que operan.

Y si bien todavía no está claro que en su caso la reforma signifique una rebaja salarial, el SAQ se niega a discutir sin representantes que velen por sus intereses. La negociación se transformó en una lucha de poder por varios frentes.

Tanta huelga no dio sus frutos y los cirujanos analizan seguir tomando medidas. Una de las posibilidades que manejan es que todos los especialistas renuncien a sus cargos en el mutualismo para demostrar que son necesarios y que deben ser tomados en cuenta. En la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la situación es distinta, porque el Ministerio de Trabajo puede frenarlos con un decreto de esencialidad, como ya sucedió en 2012 y en 2017. Los médicos evaluarán esta propuesta en estos días.

Y en el medio se cuelan otras acusaciones. Faltantes de dinero, sueldos ocultos y tarjetas corporativas secretas en el SMU son algunas de las denuncias que se formularon vía Twitter. Daniel Montano, presidente del SAQ, dice que el otro gremio se quedó a partir de 2015 con dinero que el Ministerio de Trabajo les entrega a los sindicatos para la educación médica. Las mutualistas pagan $ 10 por cada uno de sus médicos a un fondo que hasta 2014 administraba el Poder Ejecutivo, pero al año siguiente empezó a volcarse a una cuenta que maneja el SMU.

«Una mutualista intimó a los tres gremios —SAQ, FEMI y SMU— para ver qué había pasado con el dinero de la educación médica. Para SAQ fue muy fácil decirlo porque no recibió un peso; la FEMI mostró todas las actividades que había tenido, y el SMU aceptó en un expediente judicial que había recibido todo ese dinero», sostiene Montano.

Pero Gustavo Grecco, presidente del SMU, desmiente esa acusación. Grecco afirma que el dinero «está a la vista de todos» y que los tres gremios tienen acceso a la cuenta bancaria donde está depositado. A su vez, cuenta que la mayoría de las actividades de educación médica que se realizaron en los últimos años fueron sobre cirugía, por lo que «no es de recibo» el reclamo del SAQ. «Esas afirmaciones lesionan la honorabilidad de la institución. El manejo de los fondos siempre fue transparente», agrega.

Para salvar el honor del gremio, dice Grecco, resolvieron presentar una denuncia penal contra Montano por difamación. El presidente del sindicato anestésico quirúrgico enseguida contesta: «La demanda ni siquiera me roza».

El escándalo de los médicos no termina ahí. De hecho, todos los especialistas consultados reconocen que este fue el peor año de conflictividad entre ellos. Y la guerra se dio a tal punto que también salpicó al Colegio Médico.

A fines de agosto fueron las elecciones de este organismo, que empezó a funcionar en 2011. Hasta ahora siempre se había respetado que la agrupación que obtuviera la mayoría de los votos en todo el país presidiera el consejo nacional, pero eso no ocurrió esta vez. Los grupos minoritarios se pusieron de acuerdo y eligieron a Blauco Rodríguez como titular, cuando su lista obtuvo solo dos de los nueve escaños disponibles.

En el consejo regional de Montevideo pasó algo parecido: quien resultó electo presidente fue Daniel San Vicente, titular de la lista menos votada. Esa decisión generó que Walter Pérez y Hernán Parodi, que encabezaban la agrupación con mayor respaldo, renunciaran a los escaños que habían obtenido. La lista 35 —integrada por Fosalba y otros grupos, y que históricamente dirigió el SMU— fue derrocada en las elecciones.

Álvaro Dendi no está de acuerdo con lo que ocurrió. Él forma parte de Médicos Independientes, uno de los grupos de la lista 35, y considera que el organismo no representa a los colegiados. De hecho, más del 50% de los electores sufragó en blanco o anulado. «Lo que pasó durante las elecciones es legal, pero no ético. Y es lo que menos esperamos de una institución que debería velar por la ética y la deontología de nuestra profesión», agrega.

A su vez, cuestiona que la colegiatura sea obligatoria para ejercer, cuando el Colegio Médico no les da «nada a cambio» de la cuota que les debita todos los meses del sueldo. Como mínimo, los profesionales deben pagarle a la institución $ 500 para poder trabajar. Con ese dinero se financian los sueldos de las autoridades —el presidente cobra $ 129.000 nominales—, los gastos de funcionamiento y las actividades de formación. Para Dendi, sin embargo, los cursos no son suficientes y la institución es «un ente recaudador».

Otro gran cuestionamiento de la comunidad médica es que el organismo haya comprado el año pasado una casa en Tres Cruces por un valor cercano al millón de dólares. Blauco Rodríguez dice que fue durante la gestión anterior y aclara que las nuevas autoridades están dispuestas a rever esa adquisición.

Enseguida trata de hacer un mea culpa. Reconoce que el Colegio todavía no cumplió con los objetivos para los que fue creado, ya que los profesionales «no lo sienten propio». También promete que va a haber cambios próximamente y de paso menciona uno de sus logros: haber reducido $ 50 la cuota.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) es drástico: el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) es un «brazo ejecutor» del Poder Ejecutivo. Para sus integrantes, la mayoría de los médicos que están en el gobierno integran Fosalba, la lista que históricamente dirigió el SMU. El presidente de ASSE, Marcos Carámbula; el gerente de ese organismo, Alarico Rodríguez; el asesor técnico del directorio, Miguel Fernández Galeano; y la exsubsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, entre otros jerarcas, forman parte de la agrupación.

Daniel Montano, el presidente del SAQ, considera que tanta proximidad entre el SMU y el oficialismo terminó generando una «relación de connivencia y amiguismo». Para él, el gremio ya no vela por los intereses de los médicos y se preocupa por «cubrir» al gobierno.

«No es casualidad que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el subsecretario Jorge Quian y el SMU carguen contra los quirúrgicos», agrega.

El presidente Tabaré Vázquez —oncólogo de profesión— también criticó la decisión del SAQ de parar durante tres días a raíz de los Consejos de Salarios. «Lamento enormemente que exista este conflicto. Pero la ley es muy clara: cada agrupamiento de trabajadores es representado por el sindicato más representativo, y ese es el SMU y la FEMI», dijo en rueda de prensa este jueves.

En el gremio rechazan las acusaciones de Montano. El presidente del SMU, Gustavo Grecco, reafirma que el sindicato está abocado a defender los intereses de los médicos y de la población.

«Si en el camino hay coincidencia con el gobierno, se acuerda. Si no la hay, se confronta. Entendemos que ejercemos la libertad sindical con amplitud de criterios para acordar y confrontar cuando hay que hacerlo», sostiene.

Según Grecco, cuando Susana Muñiz estaba al frente de ASSE era «más difícil» acordar. Sin embargo, una vez que asumió Marcos Carámbula —presidente del SMU entre 2003 y 2005—, las negociaciones fueron «más fáciles». Lo mismo ocurre con Alarico Rodríguez, quien presidió el gremio a partir de 2005.

«Oponerse por oponerse no tiene sentido, así no se construye. Porque si fuera otro el gobierno de turno y se concordara, también se acordaría si fuera beneficioso. Es buscarle la quinta pata al gato el argumento de la connivencia», subraya.

Visita nuestras redes sociales

Estado resarcirá a enfermera acusada de un asesinato

En 2012 fue encarcelada en forma indebida por muerte de pacientes.

En 2012 el caso sacudió a Uruguay y tuvo repercusiones en Argentina, España, Estados Unidos e Inglaterra. Tres enfermeros fueron catalogados como «ángeles de la muerte» y acusados de matar a pacientes terminales.

La enfermera A.A. fue procesada con prisión ese año por complicidad de homicidio de un paciente terminal, pese a que siempre negó su participación. Posteriormente, fue acusada de un delito de encubrimiento. Los otros dos enfermeros confesaron el delito y luego señalaron que lo hicieron porque sufrieron apremios físicos. Más tarde, la Justicia penal absolvió a los tres acusados en 2015. Un año después, un Tribunal de Apelaciones ratificó ese fallo. Son inocentes, dijo.

La enfermera A.A. estuvo presa 493 días y sometida a proceso penal por cuatro años y dos meses.

En la cárcel, un jerarca del Instituto de Rehabilitación Femenino (IRF) la instaló en el fondo del presidio, en unas barracas, para aislarla de otras reclusas.

Y le sugirió que dijera que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Es que matar pacientes o niños son delitos que generan ira en la población reclusa. Poco tiempo después, la enfermera recibió amenazas de muerte.

El martes 6, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, condenó al Poder Judicial al pago de US$ 98.250 más intereses (aproximadamente unos US$ 130.000) a la enfermera por entender que esta sufrió una prisión indebida.

La demanda.

El reclamo de A.A., redactado por los abogados penalistas Fernando Posada y Andrés Ojeda, expresa que su defendida fue acusada pese a no existir prueba alguna en su contra. Los hijos de la enfermera, entonces de 12 y 15 años, no pudieron tener a la madre en ese momento tan importante de su vida, debiendo lidiar con el encierro y con el estigma de ser familiares directos de una «asesina serial» como quedó marcada ante la opinión pública, dice la demanda

Posada y Ojeda exigieron el pago de US$ 73.950 por daño moral. Solicitaron al juez Ohanian una indemnización equivalente a US$ 150 diarios por cada día de prisión. También pidieron US$ 15.000 por daño emergente y $ 2.431.438 por lucro cesante.

Esa cifra equivale a los salarios que la enfermera no percibió durante el tiempo que estuvo en prisión y la indemnización por despido.

Solicitaron, además, un resarcimiento por lucro cesante de $ 10.906.209 por los 207 meses que restan para que alcance los 65 años.

La réplica.

El Poder Judicial señaló que, en el momento del procesamiento de la enfermera, sí existían elementos de convicción suficientes requeridos por la ley para remitirla a la cárcel.

Recordó que el Tribunal de Apelaciones cuando decretó la inocencia de A.A. señaló que se contó con elementos que exigía el Código de Proceso Penal (CPP) para disponer el procesamiento. No cuestionó que la cobertura del caso haya afectado a la enfermera, pero advirtió que ello no era responsabilidad del Poder Judicial.

En cuando al daño reclamado, el Poder Judicial entendió que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solo deberá considerar el que haya sido causado directamente por la prisión preventiva cumplida en exceso.

También dijo que el daño moral reclamado por la enfermera «resulta alto» de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia.

Y sostuvo que no correspondía calcular el lucro cesante futuro porque la demandante se encuentra capacitada para trabajar como lo hizo en una empresa en 2014 y 2015.

El fallo.

Ohanian cuantificó el daño moral en US$ 150 por día de prisión por la aflicción sufrida por la enfermera por la pérdida de libertad y por la notoria repercusión que el caso tuvo en todos los niveles de la sociedad.

El juez coincidió con Posada y Ojeda en que la situación «disvaliosa» que vivió fue producto de la prisión indebida donde fuera catalogada como «ángel de la muerte» y se genera por la actividad del Poder Judicial. Por ello la responsabilidad de los perjuicios deben imputarse al Estado y en consecuencia también su reparación, dijo el fallo de Ohanian.

El magistrado no hizo lugar al pedido de indemnización por despido ni por lucro cesante.

El Poder Judicial aún tiene plazo para apelar la sentencia.

Una testigo: “Hoy nadie le da trabajo; tiene un estigma”

El 16 de mayo de 2018, una enfermera, Gabriela M. declaró como testigo ante el juez Gabriel Ohanian, que trabajó con la enfermera A.A. entre 2000 y 2012 en la Asociación Española. “Las visitas (a la cárcel) para nosotros era todo nuevo. Se nos registraban las cosas que llevábamos; allí estábamos con ella. Por lo menos en una de las veces que fuimos hubo un intento de motín. Nos hicieron salir de apuro”, dijo.

Agregó que la vida de la enfermera A.A. corrió peligro en la cárcel.

“Ella vivió su reclusión como una cosa espantosa. Sufría mucho. Yo la conozco hace muchos años y es una persona de carácter. Se sintió degradada, humillada, horrible”, dijo.

Expresó que su amiga hoy trabaja en una casa de salud y recibe un sueldo bajo.

“Luego de lo que le pasó, muy poca gente le da trabajo. Es un estigma. Ella fue recluida por algo que no pasó”, dijo Gabriela M.

Otra testigo, Mariana D., también compañera de la demandante, señaló en el Juzgado que A.A. sufrió mucho en la prisión.

“(En la cárcel) la vi llorar. Sé que fue amenazada. Ella en un momento no quería salir de esos contenedores porque por comentarios decían que estaba amenazada por la causa por la que estaba recluida”, dijo la testigo.

Señaló que, como al esposo no le alcanzaba el dinero, “nosotros le ayudábamos con alimentos, plata”.

Visita nuestras redes sociales

Astori definió cuál es el talón de Aquiles de la economía uruguaya

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció esta mañana en el marco de un evento en la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación, múltiples medidas de estímulo para la creación de empleo y señaló que es la principal preocupación de la política económica actual.

Sin embargo, dijo que para revertir la situación del empleo no se pretende resignar al cuidado del orden macroeconómico, sobre todo en lo que refiere a la disminución del déficit fiscal. “De los factores comprometidos en el orden macroeconómico, el principal, sin dudas es el déficit. Uruguay tampoco se siente cómodo con la trayectoria del resultado fiscal que hemos tenido, estamos haciendo esfuerzos por poner una trayectoria descendente”, manifestó.

Al ser consultado sobre las previsiones de crecimiento para este año, el ministro indicó que la meta se mantiene incambiada —prevén que crezca 2,5%— aunque sugirió que “hay que ver lo que ocurre en el segundo semestre del año”. Respecto al sector público no financiero, dijo que “todo el corazón de las finanzas públicas está muy alineado con las metas del gobierno”.

Asimismo, el ministro destacó el buen desempeño en materia de inversión y de exportaciones, sobre todo en cuanto al repunte de las ventas al exterior de productos lácteos que había sufrido un deterioro significativo en los últimos meses. “Si fortalecemos el motor de la inversión y también el de la exportación creo que Uruguay puede seguir manteniendo su meta de crecimiento”, agregó.

Respecto a la esfera política y a su participación en un hipotético cuarto gobierno del Frente Amplio, Astori dijo que tiene ganas de seguir trabajando por el país “me toque donde me toque”.

Visita nuestras redes sociales
Todos los Derechos Reservados Copyright 2018 - El horizonte Digital- Melo- Cerro Largo -Uruguay
1
Hola, ¿en que podemos ayudarte?
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram