El lento fin de las escuelas de un turno

Padres y autoridades de la educación coinciden en extender el tiempo pedagógico

Aquello de que los niños «aplicados» van a clase por la mañana y los «vagos» lo hacen por la tarde, más allá de ser un mito, en unos años carecerá de todo sentido. Aquella imagen de los escolares corriendo a tomar el ómnibus al mediodía, unos apurados para llegar antes de que suene el timbre y otros para irse a sus casas, quedará obsoleta. La escuela pública uruguaya cabalga hacia las jornadas de tiempo completo, a un ritmo que se parece más al paso que al trote o al galope.

Uno de cada seis niños se quedó sin cupo para ingresar a la escuela de tiempo completo que sus padres habían elegido para este 2018. La demanda del llamado «doble turno» crece año a año, acorde aumentan las dificultades de las familias para cuidar a sus hijos y conforme se reclama un enseñanza más «integral» —eso que antes era un lujo de quienes se podían costear un colegio privado. Hoy la escuela pública da la comida, las vacunas, la computadora, las clases deportivas, las artísticas y las lenguas extranjeras.

Pero más que un reclamo, esta tendencia es una apuesta de las autoridades de la educación —una de esas pocas políticas en las que hay consenso en la casi totalidad de los actores. Es que «Uruguay sigue teniendo una escuela de poco tiempo: el año lectivo es corto, la jornada escolar es corta, el número de asuetos es muy alto y también son muy altas las inasistencias», reconoció Héctor Florit, consejero de Primaria. Un alumno uruguayo va a clase, si es que va siempre, unas 720 horas al año. Un japonés acude más de 13.000 horas.

Si bien nada hace pensar que un niño aprenda más por exponerse más horas a un aula, sí está comprobado que «la escuela pública accede a lugares a los que hay muy poca oferta de servicios públicos y, en ese sentido, es necesario universalizar el derecho de los padres de que sus hijos encuentren un cupo en los centros de tiempo extendido o completo».

El Consejo de Educación Inicial y Primaria hizo malabares para que, aun con un magro presupuesto, se extienda el tiempo pedagógico en 15 escuelas más para el 2019.

El año lectivo comenzará con siete nuevas escuelas de tiempo extendido, lo que elevará en 1.328 los cupos. Se trata de propuestas de siete horas: un turno clásico con una maestra y en el contraturno los estudiantes participan de talleres. Ocho escuelas, además, se transformarán en tiempo completo; un formato de seis horas y media con un único maestro a cargo. Y siete centros que ya son de tiempo completo, abrirán un grupo más cada uno.

Así las cosas, durante el 2019 serán 343 las escuelas que ya tendrán un tiempo pedagógico de doble turno.

La universalización de la propuesta de tiempo pedagógico extendido «está siendo muy lenta», criticó Juan Pedro Mir, quien fue uno de los impulsores para que, al término de este período de gobierno, haya más de 400 centros educativos bajo esta modalidad. Prueba de esta lentitud, dijo, «es que en la oferta privada crece la matrícula en la extensión pedagógica mientras cae en la parcial y que hay escuelas públicas que se desbordan enseguida».

La Escuela Brasil es un ejemplo. Suele tener una demanda muy superior a su capacidad locativa y las autoridades ya visualizan que hay padres que desisten hasta de hacer el intento de encontrar un cupo allí.

Pese a que en la ANEP aún confían en que se llegará a la meta trazada, saben que es difícil teniendo en cuenta que la planificación era en base a un presupuesto del 6% del PIB y apenas se supera el 5%. Para la extensión del tiempo pedagógico, más allá de voluntad, es necesario dinero: un niño cuesta $ 52.182 al año en la escuela común y $ 94.680 en la escuela de tiempo completo.

Florit reconoce que apretar el acelerador es una prioridad, porque «hay servicios que si no los acerca la escuela, no los acerca nadie; no existe un plan B».

El arte es un buen ejemplo. Las escuelas de música apenas cubren al 1,5% de la matrícula escolar. Si los talleres de música pasan a ser una extensión de la escuela obligatoria, el acceso ascendería a 340 mil niños.

Eso sí: Mir advirtió que la escuela de doble turno tiene sentido si hay una «intencionalidad pedagógica, profesionalidad y mejora de la calidad». A su entender, «es tan mala la inasistencia de los niños como el exceso de exposición cuando no hay una estrategia clara».

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Uruguay ya armó su plan de seguridad por la cumbre G20

Habrá restricción de vuelos, desvío en rutas y aeródromos no operativos.

El Consejo de Defensa Nacional (Codena) analizó ayer la situación de seguridad en que se verá envuelto el país con motivo de la cumbre mundial de líderes del G20, que se celebrará en Buenos Aires, y encomendó a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) la elaboración de un plan consensuado con su par de Argentina.

De acuerdo con el mismo la aviación militar uruguaya tendrá pleno control del espacio aéreo y dispondrá zonas de restricción de vuelo en los días previos a la reunión de los líderes mundiales.

Uruguay tiene un dispositivo de seguridad permanente, que ahora se verá reforzado a requerimiento argentino, dijeron a El País fuentes políticas y militares.

Para el control del espacio aéreo, la FAU dispone de aeronaves del tipo A37B «Dragonfly» y Pilatus PC 7U, en una cantidad que no fue revelada. Asimismo se emplearán los radares de última generación, uno de los cuales se encuentra en Montevideo y otro en un punto móvil del interior del país.

En el aeropuerto de Ezeiza la Fuerza Aérea Argentina tiene instalado un sistema de defensa en base a círculos concéntricos, uno de los cuales llega hasta el territorio uruguayo.

Desde hace aproximadamente un año la FAU y su par del vecino país vienen trabajando en forma conjunta a nivel de Estado Mayor para brindar la seguridad que una cumbre de este tipo merece. El plan conjunto con la aviación argentina se acordó en base a la ley 19.221. El convenio tiene que ver con la seguridad del espacio aéreo de Argentina y Uruguay y el intercambio de información y de personas en actividades como las de la cumbre.

Control.

La ley que permite la llegada de tropas y aeronaves de Estados Unidos desde el lunes 26 hasta el lunes 3 de diciembre fue sancionada ayer por el Senado, que aceptó los cambios que le introdujo Diputados. El ministro de Defensa Jorge Menéndez contó en el Parlamento que esta es la primera vez que se autoriza un ingreso de personal y armamento estadounidense por ley, ya que tanto en 1990 cuando vino el presidente George H. W. Bush, lo mismo que en 2006 cuando visitó el país su hijo George W. Bush, simplemente se otorgó un permiso para el aterrizaje y operaciones de las fuerzas extranjeras.

«Hemos tomado alguna serie de medidas de carácter cautelar para que estas aeronaves que solamente transitarán desde el Aeropuerto de Carrasco hasta la zona de Argentina aproximada al lugar donde trabajarán, no tengan otra actividad en nuestro cielo soberano», explicó Menéndez a la comisión de Defensa del Senado.

También confirmó el ministro que a bordo de esos aviones habrá personal de la FAU «como forma de tener el control de la operación que se va a desarrollar en la zona de soberanía». Asimismo habrá oficiales en la Argentina, en el centro de mando y control, «porque allí se estará observando nuestro cielo y, de esa forma, se tendrá una acción cautelar con respecto a la soberanía de nuestro país».

En la comisión, el comandante del Comando Aéreo de Operaciones brigadier general Hugo Marenco informó que las restricciones del espacio aéreo comenzarán el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre y a medida que se acerquen a la ciudad de Buenos Aires, en círculos concéntricos, habrá restricciones que serán un poco más laxas hasta unos 500 kilómetros de Buenos Aires, otras un poco más rígidas hasta los 100 kilómetros y una zona de no vuelo sobre la ciudad de Buenos Aires.

Desvío.

«Por la cercanía, tanto en la de 500 kilómetros como en la de 100 kilómetros, queda afectado nuestro espacio aéreo. A su vez, se ha llevado a una redistribución temporal de las rutas internacionales que cruzan nuestro espacio aéreo para llegar a la ciudad de Buenos Aires y eso ha sido coordinado tanto con la Fuerza Aérea, como con la Dirección Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea», contó Marenco.

El círculo amplio de 500 kilómetros alcanza a casi todo el territorio uruguayo, explicó el oficial.

Dijo que la FAU estableció una zona de control de 170 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires que es «donde deberíamos actuar para, en caso de que haya tráfico ilícito, poder desviar, alertarlos, interceptarlos e identificarlos, lo que puede suceder». Allí quedarán sin poder utilizarse del 29 al 2 de diciembre los aeródromos o helipuertos privados de Colonia y Carmelo porque no son controlados.

En ese espacio aéreo la FAU va a requerir de las aeronaves que presenten un plan de vuelo con cuatro horas de antelación, que hagan el uso de respondedor para que sean detectados por los radares civiles y los militares y que haya comunicaciones en dos vías en ese espacio.

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Autos con cámaras de la Intendencia empezarán a multar desde el lunes

Controlarán las nuevas zonas de estacionamiento tarifado y a quienes estacionen de forma indebida. Parte de las multas irá para STM.

En setiembre empezaron a circular por Montevideo tres autos con cámaras externas, como parte de un plan piloto de fiscalización de la Intendencia.

Según informó la Intendencia en un comunicado, también se controlará el estacionamiento en carriles “Solo Bus” en avenidas ya señalizadas, Agraciada y 8 de Octubre.

Para aplicar la multa, el auto fiscalizador tomará una foto de la infracción, la enviará al Centro de Gestión de Movilidad y allí, un inspector evaluará si corresponde o no la sanción. En caso de confirmarse, se enviará la notificación mediante el correo para quienes tienen el vehículo empadronado en Montevideo, y a través del Diario Oficial en caso de vehículos empadronados en el interior del país.

El dinero recaudado con estas multas, será destinado a la mejora del sistema de transporte colectivo y a beneficios para usuarios frecuentes. Al finalizar cada mes, la recaudación obtenida por cambios al estacionamiento tarifado se dividirá entre estos pasajeros. Se trata de quienes compran al menos 40 viajes mensuales con la tarjeta STM, tendrán cada mes una devolución de dinero. El monto variará según la cantidad de boletos adquiridos, y la cifra recaudada por multas. El dinero será acreditado en la tarjeta STM.

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¿Por qué viven en guerra los gremios médicos?

Acusaciones de malversación de fondos, sueldos ocultos y tarjetas corporativas secretas. Los gremios médicos protagonizan estos días una nueva batalla en varios frentes que, una vez más, afecta a los pacientes. Pero en el fondo se libra una vieja guerra que lleva décadas sin resolverse.

En lo que va del año hubo 192 horas de paro convocadas por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). Pero los reclamos, lejos de ser nuevos, están sobre la mesa desde 2015, luego de que el Poder Ejecutivo resolviera por decreto que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sea el único representante de los profesionales en los Consejos de Salarios, ya que es el gremio que tiene más médicos afiliados. Entonces los cirujanos empezaron a reivindicar que se sentían desplazados de la negociación y las horas de paro comenzaron a acumularse. En el medio, miles de cirugías programadas y consultas en policlínica se postergaron. Los pacientes, como siempre, fueron los más perjudicados.

Las relaciones entre los médicos clínicos y los quirúrgicos son tensas desde la década de 1990. Las sociedades científicas de cirugía se agruparon en 1992 porque entendían que sus reclamos eran muy distintos a los de los demás colegas, aunque se mantuvieron afiliadas al SMU. El gremio mayoritario las consultaba cada vez que un tema relacionado con el bisturí se colaba en la agenda y así se lograba la paz. Pero esas charlas, según integrantes del SAQ, comenzaron a mermar cuando el Frente Amplio alcanzó el gobierno y muchos médicos —incluido el presidente Tabaré Vázquez— ocuparon cargos públicos. Entonces se desató la guerra.

Al menos 500 cirujanos se desafiliaron de forma masiva del SMU en 2012, luego de que el gremio acordara con el gobierno una reestructura laboral en varias especialidades. Las sociedades científicas formaron su propio sindicato y pretendieron que el Ministerio de Trabajo las tuviera en cuenta durante las negociaciones, pero eso nunca ocurrió. Desde entonces realizan paros de forma casi sistemática reclamando que se forme un subgrupo dentro del Consejo de Salarios que las contemple y el Poder Ejecutivo se niega. El último rechazo fue en una reunión esta semana, luego de un paro de 72 horas convocado por el SAQ.

Los cirujanos dicen que tanta conflictividad se desprende de la falta de representatividad. En el SMU afirman que es por plata, ya que el gremio anestésico quirúrgico no está de acuerdo con laudar el acto médico o con los cargos de alta dedicación. Estos puestos implican un sueldo fijo por ocho horas de trabajo, pero no contemplan el pago por el acto médico, una variable que genera una gran diferencia en los salarios de los profesionales que operan.

Y si bien todavía no está claro que en su caso la reforma signifique una rebaja salarial, el SAQ se niega a discutir sin representantes que velen por sus intereses. La negociación se transformó en una lucha de poder por varios frentes.

Tanta huelga no dio sus frutos y los cirujanos analizan seguir tomando medidas. Una de las posibilidades que manejan es que todos los especialistas renuncien a sus cargos en el mutualismo para demostrar que son necesarios y que deben ser tomados en cuenta. En la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la situación es distinta, porque el Ministerio de Trabajo puede frenarlos con un decreto de esencialidad, como ya sucedió en 2012 y en 2017. Los médicos evaluarán esta propuesta en estos días.

Y en el medio se cuelan otras acusaciones. Faltantes de dinero, sueldos ocultos y tarjetas corporativas secretas en el SMU son algunas de las denuncias que se formularon vía Twitter. Daniel Montano, presidente del SAQ, dice que el otro gremio se quedó a partir de 2015 con dinero que el Ministerio de Trabajo les entrega a los sindicatos para la educación médica. Las mutualistas pagan $ 10 por cada uno de sus médicos a un fondo que hasta 2014 administraba el Poder Ejecutivo, pero al año siguiente empezó a volcarse a una cuenta que maneja el SMU.

«Una mutualista intimó a los tres gremios —SAQ, FEMI y SMU— para ver qué había pasado con el dinero de la educación médica. Para SAQ fue muy fácil decirlo porque no recibió un peso; la FEMI mostró todas las actividades que había tenido, y el SMU aceptó en un expediente judicial que había recibido todo ese dinero», sostiene Montano.

Pero Gustavo Grecco, presidente del SMU, desmiente esa acusación. Grecco afirma que el dinero «está a la vista de todos» y que los tres gremios tienen acceso a la cuenta bancaria donde está depositado. A su vez, cuenta que la mayoría de las actividades de educación médica que se realizaron en los últimos años fueron sobre cirugía, por lo que «no es de recibo» el reclamo del SAQ. «Esas afirmaciones lesionan la honorabilidad de la institución. El manejo de los fondos siempre fue transparente», agrega.

Para salvar el honor del gremio, dice Grecco, resolvieron presentar una denuncia penal contra Montano por difamación. El presidente del sindicato anestésico quirúrgico enseguida contesta: «La demanda ni siquiera me roza».

El escándalo de los médicos no termina ahí. De hecho, todos los especialistas consultados reconocen que este fue el peor año de conflictividad entre ellos. Y la guerra se dio a tal punto que también salpicó al Colegio Médico.

A fines de agosto fueron las elecciones de este organismo, que empezó a funcionar en 2011. Hasta ahora siempre se había respetado que la agrupación que obtuviera la mayoría de los votos en todo el país presidiera el consejo nacional, pero eso no ocurrió esta vez. Los grupos minoritarios se pusieron de acuerdo y eligieron a Blauco Rodríguez como titular, cuando su lista obtuvo solo dos de los nueve escaños disponibles.

En el consejo regional de Montevideo pasó algo parecido: quien resultó electo presidente fue Daniel San Vicente, titular de la lista menos votada. Esa decisión generó que Walter Pérez y Hernán Parodi, que encabezaban la agrupación con mayor respaldo, renunciaran a los escaños que habían obtenido. La lista 35 —integrada por Fosalba y otros grupos, y que históricamente dirigió el SMU— fue derrocada en las elecciones.

Álvaro Dendi no está de acuerdo con lo que ocurrió. Él forma parte de Médicos Independientes, uno de los grupos de la lista 35, y considera que el organismo no representa a los colegiados. De hecho, más del 50% de los electores sufragó en blanco o anulado. «Lo que pasó durante las elecciones es legal, pero no ético. Y es lo que menos esperamos de una institución que debería velar por la ética y la deontología de nuestra profesión», agrega.

A su vez, cuestiona que la colegiatura sea obligatoria para ejercer, cuando el Colegio Médico no les da «nada a cambio» de la cuota que les debita todos los meses del sueldo. Como mínimo, los profesionales deben pagarle a la institución $ 500 para poder trabajar. Con ese dinero se financian los sueldos de las autoridades —el presidente cobra $ 129.000 nominales—, los gastos de funcionamiento y las actividades de formación. Para Dendi, sin embargo, los cursos no son suficientes y la institución es «un ente recaudador».

Otro gran cuestionamiento de la comunidad médica es que el organismo haya comprado el año pasado una casa en Tres Cruces por un valor cercano al millón de dólares. Blauco Rodríguez dice que fue durante la gestión anterior y aclara que las nuevas autoridades están dispuestas a rever esa adquisición.

Enseguida trata de hacer un mea culpa. Reconoce que el Colegio todavía no cumplió con los objetivos para los que fue creado, ya que los profesionales «no lo sienten propio». También promete que va a haber cambios próximamente y de paso menciona uno de sus logros: haber reducido $ 50 la cuota.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) es drástico: el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) es un «brazo ejecutor» del Poder Ejecutivo. Para sus integrantes, la mayoría de los médicos que están en el gobierno integran Fosalba, la lista que históricamente dirigió el SMU. El presidente de ASSE, Marcos Carámbula; el gerente de ese organismo, Alarico Rodríguez; el asesor técnico del directorio, Miguel Fernández Galeano; y la exsubsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, entre otros jerarcas, forman parte de la agrupación.

Daniel Montano, el presidente del SAQ, considera que tanta proximidad entre el SMU y el oficialismo terminó generando una «relación de connivencia y amiguismo». Para él, el gremio ya no vela por los intereses de los médicos y se preocupa por «cubrir» al gobierno.

«No es casualidad que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el subsecretario Jorge Quian y el SMU carguen contra los quirúrgicos», agrega.

El presidente Tabaré Vázquez —oncólogo de profesión— también criticó la decisión del SAQ de parar durante tres días a raíz de los Consejos de Salarios. «Lamento enormemente que exista este conflicto. Pero la ley es muy clara: cada agrupamiento de trabajadores es representado por el sindicato más representativo, y ese es el SMU y la FEMI», dijo en rueda de prensa este jueves.

En el gremio rechazan las acusaciones de Montano. El presidente del SMU, Gustavo Grecco, reafirma que el sindicato está abocado a defender los intereses de los médicos y de la población.

«Si en el camino hay coincidencia con el gobierno, se acuerda. Si no la hay, se confronta. Entendemos que ejercemos la libertad sindical con amplitud de criterios para acordar y confrontar cuando hay que hacerlo», sostiene.

Según Grecco, cuando Susana Muñiz estaba al frente de ASSE era «más difícil» acordar. Sin embargo, una vez que asumió Marcos Carámbula —presidente del SMU entre 2003 y 2005—, las negociaciones fueron «más fáciles». Lo mismo ocurre con Alarico Rodríguez, quien presidió el gremio a partir de 2005.

«Oponerse por oponerse no tiene sentido, así no se construye. Porque si fuera otro el gobierno de turno y se concordara, también se acordaría si fuera beneficioso. Es buscarle la quinta pata al gato el argumento de la connivencia», subraya.

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